Por: Yanitza Martínez
Periodista, activista político, defensora de los DDHH y miembro de la Red de Mujeres Acción Femenina.
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Arranco mis comentarios de esta semana, dándole gracias a Dios por una semana de muchas bendiciones, pero de muchos acontecimientos, igualmente a mis lectores que, en mi activismo de calle, en Ciudad Bolívar me agasajan con felicitaciones como otros me critican, es parte de la democracia y el debate, que siempre estoy atenta pero lo importante que ellos también me leen.
Recientemente desde el emblemático Mirador Angostura, frente al majestuoso e histórico río Orinoco, las autoridades de nuestro estado Bolívar montaron un Evento Religioso por la Paz de Venezuela. La gobernadora, Yulisbeth García y el alcalde de Ciudad Bolívar, Sergio Hernández, convocaron a un «altar de adoración» para clamar por la paz y encomendarse al proyecto gubernamental que lidera Delcy Rodríguez.
Como mujer de fe y seguidora de Jesucristo, no puedo callar ante semejante distorsión. La Palabra viva nos enseña a orar por quienes gobiernan y nos recuerda que la verdadera Paz no nace de la propaganda política ni de promesas electorales, sino de la verdad y la justicia social. En el manual de la vida, La Biblia deja asentado con el profeta Jeremías que gobernar en el temor de Dios exige hacer juicio, librar al oprimido y defender al necesitado, no usar la piedad como utilería mientras el pueblo padece de hambre y miedo.
Señora Gobernadora, el culto superficial jamás sustituirá la gestión pública. La verdadera adoración exige hechos concretos: salarios dignos para los maestros, médicos, enfermeros y trabajadores públicos de nuestro estado, un sistema de salud que no esté por el suelo y el cese de la opresión. ¿Usted y su equipo gobiernan bajo el temor del Altísimo o sumisos al afán del proyecto político Chavomadurista? No confundan la devoción popular con complicidad. Bolívar no necesita más discursos religiosos en campaña; necesita justicia, verdad y dignidad humana.
El petróleo no es de Trump ni de Delcy: La violación flagrante de la Carta Magna
Mientras en la tarima del Mirador de Angostura se levantaban oraciones de utilería, tras bastidores se negociaba el remate de la soberanía nacional. El anuncio de una supuesta «concesión a 100 años» otorgada a Estados Unidos para controlar más de 65.000 millones de barriles de nuestras reservas probadas de crudo otorgando un 55% de participación accionaria a través de la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono y socios cuestionados (Boliburqueses rojos) no es más que una entrega apátrida.
Aquí no hay «acto histórico» ni motivo de júbilo; hay una flagrante violación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entregar el control operativo y mayoritario de nuestros recursos por un siglo, sin la aprobación de una Asamblea Nacional legítima y bajo la sombra de un gobierno interino carente de legitimidad de origen, es nulo de toda nulidad. Ninguna potencia extranjera ni ningún grupo económico privatizador puede pasar por encima del texto constitucional que el pueblo venezolano votó y juró defender.
Negocios de liquidación a precio de gallina flaca
El análisis frío de las cifras deja al desnudo la magnitud de esta gran estafa. Los voceros de esta negociación celebran una supuesta ganancia tributaria de 209.000 millones de dólares para la Nación. Sin embargo, economistas y expertos petroleros han desmontado la trampa: esa cifra representa escasos 3,2 dólares por barril de petróleo, lo que equivale a apenas un 4,7% del valor actual del crudo en el mercado internacional.
Esta regalía nominal es una tasa inferior, incluso, a las concesiones entreguistas concedidas durante la dictadura de Juan Vicente Gómez a principios del siglo XX. Estamos presenciando el remate de nuestro patrimonio público a precio de costo para complacer intereses electorales en la Casa Blanca y rellenar la reserva estratégica norteamericana, todo mientras se evalúa en la penumbra sacar a Venezuela de la OPEP.
Ninguna empresa internacional seria, ni ningún inversionista de peso arriesgará capital a 100 años basándose en acuerdos írritos. Como lo estipula la ley, cualquier compromiso asumido al margen de las instituciones democráticas y sin transparencia pública podrá y deberá ser anulado y revisado por las futuras generaciones. La soberanía no se subasta por un cheque en blanco.
La ecocida entrega del Sur del Orinoco: Sangre, coltán y abandono
Cierro mis comentarios con este segmento que es de mucha importancia para mí porque esta política extractivista y violatoria de los derechos fundamentales se realiza al sur del Orinoco, región que siempre se ha visualizado como la segunda alternativa no petrolera pero que ha servido para el saqueo de nuestros minerales al mejor estilo de las conquistas medievales de la historia contemporánea. A meses de la captura de Nicolas Maduro, la realidad en las zonas mineras del estado Bolívar no ha mejorado en absoluto; se ha agravado trágicamente. La minería ilegal y devastadora continúa expandiéndose impunemente sobre áreas protegidas como el Parque Nacional Canaima y los territorios ancestrales indígenas.
Se viola sistemáticamente el Artículo 127 de nuestra CRBV, que consagra el derecho y el deber de cada generación de proteger el medio ambiente para sí y para el futuro. Las cabeceras de nuestros ríos vitales, el Caroní, la Paragua, el Caura, el Cuyuní y el propio Orinoco sufren una contaminación irreversible de mercurio o cianuro. Paralelamente, la violencia azota a las comunidades: el crimen organizado, grupos armados como el Tren de Aragua y guerrillas extranjeras se disputan el control del oro, la bauxita en Los Pijiguaos y los minerales críticos como el coltán, tierras raras cobrando la vida de líderes indígenas.
Mágicamente, las licencias internacionales emitidas para el oro no exigen certificación de origen libre de conflicto, mientras la opacidad rodea a empresas estatales como Minerven y a la Corporación Venezolana de Minería. Mientras se clama a Dios por la Paz en un acto politiquero se desangra la ecología de Guayana y se asesinan gente; ¿será que los pastores y ministros que participaron ese evento no se dan cuenta de eso?, Que la Misericordia y el juicio de Dios sea para ellos.
El pueblo Guayanés, Bolivarense exige el cese de la hipocresía, el respeto irrestricto a la Constitución, el cumplimiento de la gestión pública y la restitución del Estado de Derecho sobre cada centímetro de nuestro territorio. Seguiré clamando, como muchos cristianos, no religiosos por la libertad de Venezuela, de Gobernantes que cumplan su rol de justicia y democracia y tengan al Verdadero Dios en su accionar porque por sus frutos lo conoceremos.
Se han firmado acuerdos con Estados Unidos y hay informaciones que el pueblo venezolano no sabe, detalles que obvian. Fin de mis comentarios, nos vemos la próxima semana…
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