Teanny Fuentes, quien asegura tener más de 20 años de actividad ganadera en el asentamiento campesino 19 de Abril, acudió a la sede central del Instituto Nacional de Tierras (INTI), en Caracas, para consignar una denuncia formal y solicitar la revisión de documentos agrarios que, según afirma, estarían perjudicando sus derechos sobre el predio La Patrona NC, también conocido como fundo Negra Matea.
Yhonny Rodríguez | CNP 25.976
CIUDAD BOLÍVAR.- Una denuncia por presuntas irregularidades administrativas, omisiones documentales y actuaciones de funcionarios del Instituto Nacional de Tierras (INTI) en el estado Bolívar fue presentada por la productora pecuaria Teanny Fuentes, quien manifiesta estar atravesando una situación que amenaza la continuidad de su actividad ganadera y la ocupación de terrenos que, según sostiene, ha trabajado durante más de dos décadas.
Fuentes, productora del asentamiento campesino 19 de Abril, ubicado en la parroquia José Antonio Páez del municipio Angostura del Orinoco, explicó que mantiene desde hace más de 20 años una actividad vinculada a la cría de ganado bovino y al aprovechamiento productivo de los terrenos que conforman el predio denominado La Patrona NC, registrado también ante el INSAI como fundo Negra Matea.
La denunciante sostiene que el conflicto se originó, entre otros aspectos, por deficiencias en el seguimiento de procedimientos administrativos relacionados con la renuncia de derechos de adjudicación que anteriormente habían realizado su padre y su tío, con el propósito de incorporar esas superficies a su instrumento de adjudicación.
Según expone, dichos trámites fueron realizados hace aproximadamente tres años; sin embargo, cuando recibió la documentación correspondiente, advirtió que las actuaciones de renuncia no aparecían debidamente incorporadas en el documento entregado por la institución.
Esta situación habría generado una controversia sobre la titularidad y disponibilidad de una parte de los terrenos que su familia ha utilizado históricamente para el desarrollo de sus actividades agropecuarias.
UNA SITUACIÓN QUE, ASEGURA, PUDO HABERSE RESUELTO ADMINISTRATIVAMENTE
La productora relató que funcionarios del INTI realizaron una inspección o materialización en los terrenos con el propósito de verificar las irregularidades planteadas. Durante esa actuación, según su versión, se evidenciaron inconsistencias relacionadas con la documentación de los procedimientos de renuncia efectuados por sus familiares.
Posteriormente, se habría planteado la necesidad de realizar una mesa de trabajo para revisar los documentos, aclarar las dudas administrativas y buscar una solución institucional al conflicto. No obstante, Fuentes afirma que dicha reunión nunca llegó a concretarse, pese a que permaneció esperando una respuesta de los funcionarios.
En medio de esta situación, manifestó su preocupación por las actuaciones relacionadas con una ciudadana que recientemente habría llegado al sector y a quien, según denuncia, se le estaría tramitando documentación sobre terrenos que ella viene ocupando y utilizando para su actividad pecuaria.
Asimismo, señaló particularmente al funcionario Daniel Torrealba, a quien acusa de haberse introducido en los terrenos para realizar mediciones vinculadas con la solicitud de otra persona, sin que previamente se hubiese resuelto la controversia administrativa existente.
DENUNCIA FORMAL ANTE LA SEDE CENTRAL DEL INTI
Ante la falta de respuestas, a mediados de octubre de 2026, Teanny Fuentes se trasladó a Caracas, donde acudió a la sede central del Instituto Nacional de Tierras para consignar documentación y solicitar la intervención de las autoridades nacionales.
De acuerdo con el comprobante de recepción, el escrito fue recibido por la Oficina de Atención Ciudadana del INTI el 14 de octubre de 2026, a las 9:44 de la mañana.
En la comunicación dirigida a la Presidencia del organismo, con copia al Ministerio de Agricultura y Tierras, solicitó investigar las actuaciones de los funcionarios que señala en su denuncia, entre ellos Johnny Abatte, Yulissa Uribe y Daniel Torrealba.
Igualmente, consignó una solicitud de nulidad del instrumento agrario cuestionado y pidió que se revisaran los procedimientos administrativos que, a su juicio, originaron la controversia.
La denunciante sostiene que, en lugar de corregir las omisiones documentales y buscar una solución dentro de la propia institución, la situación ha avanzado hasta generar un conflicto que ahora amenaza con privarla de una superficie que considera fundamental para sostener su unidad de producción.
VEINTE AÑOS DE TRABAJO Y UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN RIESGO
El predio La Patrona NC comprende, según la documentación presentada, una superficie de 61 hectáreas y 5.838 metros cuadrados, distribuida entre áreas de corrales, lagunas, viviendas, instalaciones de apoyo a la producción, potreros para animales de destete y espacios destinados al manejo de caballos y ganado.
Fuentes destaca que estos terrenos representan un componente esencial para el funcionamiento de su actividad pecuaria, particularmente por su acceso a fuentes de agua y su aprovechamiento como áreas de pastoreo.
También manifestó que su compromiso con el campo está vinculado con su formación académica como estudiante de Medicina Veterinaria, desde donde procura fortalecer las buenas prácticas pecuarias, la salud animal y el desarrollo agroalimentario de la región.
La productora expresó su preocupación por el conflicto que se ha generado y por las consecuencias que podría tener sobre el patrimonio productivo familiar, especialmente después de tantos años de trabajo en el asentamiento campesino.
Finalmente, hizo un llamado al presidente del INTI, al ministro de Agricultura y Tierras y a las autoridades competentes para que revisen exhaustivamente el expediente, investiguen las actuaciones denunciadas, verifiquen las inconsistencias documentales y garanticen un procedimiento administrativo transparente.
Su principal petición es que se corrijan las omisiones institucionales, se esclarezca la situación de los terrenos y se evite que un conflicto que, según sostiene, pudo resolverse mediante una mesa de trabajo termine afectando su actividad productiva y los derechos que reclama sobre el predio.
La denunciante espera que las autoridades nacionales atiendan su solicitud y ofrezcan una respuesta oportuna que permita esclarecer los hechos y preservar la seguridad jurídica de quienes desarrollan actividades agropecuarias en el campo venezolano.
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