El CNP e IPYS denunciaron 87 agresiones y un patrón de «censura estructural» en Venezuela durante el primer cuatrimestre de 2026. Ante detenciones y cierres de medios que han forzado al 80% de los periodistas a modificar su labor, ambos gremios exigen el cese de la persecución y la restitución de garantías informativas.
Cortesia.-
Por Mariángel Velásquez Rincón
Caracas.- El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Caracas, contabilizó 87 incidencias contra la prensa entre enero y abril de 2026, según un balance difundido este domingo con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
El informe, publicado en X, detalla que en ese período se registraron 18 “detenciones arbitrarias”, además de 16 casos en los que se impidió la cobertura informativa y 15 deportaciones de corresponsales extranjeros.
Asimismo, el gremio documentó al menos 11 “ataques directos”, 10 incidentes relacionados con el borrado de material periodístico y 9 situaciones de “hostigamiento”.
A estas cifras se suman 4 casos de “intimidación” y el cierre de 4 emisoras radiales.
Para el CNP, estos hechos reflejan la existencia de un “patrón de censura” contra el ejercicio del periodismo en el país.

Lo que dijo el IPYS
En paralelo, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela afirmó que la “persecución” contra periodistas “no ha cesado” y exigió el “desmontaje” de lo que calificó como “mecanismos de censura estructural” en el país.
En una nota publicada en su portal web, la organización indicó que algunos periodistas han dejado de firmar sus trabajos y que el oficio se ejerce dentro de “ciertos márgenes” para poder seguir informando.
La organización aseguró que más de ocho de cada diez periodistas han reconocido cambios en su manera de desempeñar la labor informativa como respuesta a un “entorno que impone límites”.
En ese contexto, advirtió que el impacto de las limitaciones no solo se refleja en “agresiones registradas”, sino en algo “más difícil de cuantificar”, como los temas que dejan de abordarse, preguntas que no se realizan y las historias que no llegan a contarse.
“Detenciones de periodistas durante coberturas, revisión y borrado forzado de material informativo, agresiones físicas y verbales, cierres de emisoras y advertencias públicas contra medios mostraron que documentar y difundir información sigue implicando un riesgo inmediato, incluso en momentos de alta visibilidad”, añadió.
IPYS también planteó la necesidad de una “reconstrucción democrática” que, a su consideración, pasa por recuperar “un mínimo de garantías que hoy están ausentes” y que incluya el “cese de la persecución judicial”, la liberación de personas detenidas por expresar opiniones y el “desmontaje de los mecanismos que sostienen la censura estructural”.
Subrayó que esto incluye el desbloqueo de medios digitales, la restitución de concesiones, el acceso a la información pública y el fin de la “vigilancia e intimidación” sobre periodistas y ciudadanos.
“Son acciones inmediatas y posibles que no dependen de interpretaciones, dependen de voluntad política. La Alianza por la Libertad de Expresión ha planteado con claridad este camino a través de un conjunto de medidas concretas orientadas a restituir derechos civiles y políticos fundamentales. No es una agenda futura, es un punto de partida indispensable. Sin condiciones reales para informar y estar informado, no hay decisiones conscientes ni procesos democráticos legítimos”, agregó.
La ONG añadió que los hechos del 3 de enero representaron un “punto de inflexión” que evidenció la situación del ecosistema informativo en el país. También señaló que las excarcelaciones registradas en enero y febrero, “no implicaron una restitución de garantías”, ya que se realizaron bajo “criterios poco transparentes” y coexistieron con procesos judiciales abiertos “con cargos desproporcionados, impedimentos para el ejercicio de la defensa privada y restricciones de acceso a los expedientes judiciales”.
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